La errada estrategia del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio, Milco, de obligar a los proveedores de tecnologías en el país a solicitar certificados y licencias de importación, trajo como consecuencia directa la caída de las inversiones durante el primer semestre del año.
Así, en los primeros seis meses de 2008, las empresas operadoras de servicios de telecom invirtieron unos 418 millones de dólares en equipamiento e infraestructura, un 22% menos que en el mismo periodo del 2007, cuando los desembolsos alcanzaron los 538 millones de dólares. En términos terrenales, las inversiones cayeron en 119 millones de dólares y las perspectivas de Conatel de lograr un aumento en los desembolsos del sector en mejoras de sus redes para este año de 50% han quedado reducidas, pues, de seguir así, las empresas, producto de la burocracia y trabas gubernamentales, cerrarán el año incluso con desembolsos menores a los del 2007, cuando el sector invirtió mil 600 millones de dólares.
La estimación, tomando en cuenta el resultado semestral, lleva a proyectar una inversión de mil millones de dólares, un 60% menos que en 2007. La cosa está grave y los más afectados, como siempre, los usuarios finales y consumidores.
01 septiembre 2008
27 agosto 2008
Chávez niega existencia de Ley de Telecomunicaciones
El presidente Hugo Chávez desmintió que exista un proyecto de Ley de Telecomunicaciones, alegando que sus poderes habilitantes habían finalizado y que no se había promulgado tal instrumento en el cuerpo de 26 Leyes aprobadas. Lo que el presidente Chávez olvidó o no quiso comentar es que el proyecto sí fue analizado por él y su gabinete ministerial y hasta recibió el carácter orgánico de parte de la Sala Constitucional del TSJ en ponencia de la magistrada Luisa Estela de Morales el 29 de julio del año en curso.
El borrador que está circulando en los medios de comunicación, advierte sobre una diversidad de temas que ponen en riesgo la libertad de los venezolanos en el acceso a la información y, hoy día, la disposición décimo octava de las disposiciones finales de dicha Ley, que para Chávez no existe pero sí para la ministro de las Telecom, volvió a estremecer la opinión pública, pues en ella se anuncia la creación de un punto de acceso nacional (NAP en inglés) que podría, a juicio de los medios de comunicación y de analistas, obligar a todos los proveedores de redes y servicios a interconectarse de forma obligatoria a través de él para cursar las comunicaciones a nivel internacional.
La paranoia es colectiva, pero en un país como Venezuela, lo suficientemente entendible y considerable. ¿Por qué? En un país normal, donde los poderes sean independientes y en donde se respeten las normas internacionales, la creación del NAP, como se había establecido hace unos siete años y en donde el propio Gobierno Nacional había dispuesto de unos 600 millardos de bolívares de los viejos ($279 millones) para su estructuración, abriría las puertas para que los proveedores de servicios de Internet locales disminuyeran sus costos, al tener la posibilidad de alojar los servicios de sus clientes (páginas web, etc) en servidores en el país y no tener que pagar los servicios de hosting en dólares, con lo que, a su vez, podrían permear en precios del servicio al usuario final que es quien accesa a las páginas web.
Sin embargo, en Venezuela, donde todo es posible, la creación de un NAP nacional podría abrir las puertas para que, el Gobierno Nacional, obligará a las empresas proveedoras de acceso internacional a interconectarse con su punto de acceso nacional, aún cuando éstas puedan tener sus propias vías de salida y entrada del país y con ello, censurar o limitar el tipo de información disponible para los usuarios.
El debate debe abrirse, pues existen normas internacionales que impiden que los gobiernos y las empresas privadas puedan disponer del Internet a su medida y controlar lo que sus usuarios ven, como está establecido dentro de los cánones internacionales de governanza del Internet, pero en ese caso el país decide adherirse o no y, en el caso local, habría que esperar el reglamento de esa norma para ver las consideraciones.
Si en efecto el país cumple con la governanza del Internet no se desataría mayor problema, al contrario, un NAP nacional podría abrir más puertas para que más empresas liberen servicios y para que más personas tengan acceso a la red sin tener que soportar los costosos pagos de hosting en dólares, pero, si en cambio, aduciendo soberanía tecnológica y estratégica, el Gobierno decide asumir sus propias leyes del Internet, la puerta a la censura estaría a un paso o una decisión presidencial.
El juego es de cuidado y es por ello que los medios asumen la paranoia colectiva de los ciudadanos, en un país en donde siempre se ha escuchado: "no vale eso no pasará" y después pasa y muchas veces.
El borrador que está circulando en los medios de comunicación, advierte sobre una diversidad de temas que ponen en riesgo la libertad de los venezolanos en el acceso a la información y, hoy día, la disposición décimo octava de las disposiciones finales de dicha Ley, que para Chávez no existe pero sí para la ministro de las Telecom, volvió a estremecer la opinión pública, pues en ella se anuncia la creación de un punto de acceso nacional (NAP en inglés) que podría, a juicio de los medios de comunicación y de analistas, obligar a todos los proveedores de redes y servicios a interconectarse de forma obligatoria a través de él para cursar las comunicaciones a nivel internacional.
La paranoia es colectiva, pero en un país como Venezuela, lo suficientemente entendible y considerable. ¿Por qué? En un país normal, donde los poderes sean independientes y en donde se respeten las normas internacionales, la creación del NAP, como se había establecido hace unos siete años y en donde el propio Gobierno Nacional había dispuesto de unos 600 millardos de bolívares de los viejos ($279 millones) para su estructuración, abriría las puertas para que los proveedores de servicios de Internet locales disminuyeran sus costos, al tener la posibilidad de alojar los servicios de sus clientes (páginas web, etc) en servidores en el país y no tener que pagar los servicios de hosting en dólares, con lo que, a su vez, podrían permear en precios del servicio al usuario final que es quien accesa a las páginas web.
Sin embargo, en Venezuela, donde todo es posible, la creación de un NAP nacional podría abrir las puertas para que, el Gobierno Nacional, obligará a las empresas proveedoras de acceso internacional a interconectarse con su punto de acceso nacional, aún cuando éstas puedan tener sus propias vías de salida y entrada del país y con ello, censurar o limitar el tipo de información disponible para los usuarios.
El debate debe abrirse, pues existen normas internacionales que impiden que los gobiernos y las empresas privadas puedan disponer del Internet a su medida y controlar lo que sus usuarios ven, como está establecido dentro de los cánones internacionales de governanza del Internet, pero en ese caso el país decide adherirse o no y, en el caso local, habría que esperar el reglamento de esa norma para ver las consideraciones.
Si en efecto el país cumple con la governanza del Internet no se desataría mayor problema, al contrario, un NAP nacional podría abrir más puertas para que más empresas liberen servicios y para que más personas tengan acceso a la red sin tener que soportar los costosos pagos de hosting en dólares, pero, si en cambio, aduciendo soberanía tecnológica y estratégica, el Gobierno decide asumir sus propias leyes del Internet, la puerta a la censura estaría a un paso o una decisión presidencial.
El juego es de cuidado y es por ello que los medios asumen la paranoia colectiva de los ciudadanos, en un país en donde siempre se ha escuchado: "no vale eso no pasará" y después pasa y muchas veces.
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