El proyecto de la nueva Ley de Telecomunicaciones, que en el mismo instrumento incluye a la informática y a los servicios postales, se escapó de la fuerza del Poder Habilitante del Presidente Chávez (que dejó de tener vigencia el pasado viernes 01 de agosto) y, por esa razón, será sancionada en la Asamblea Nacional.
Sin embargo, la Ley, que no ha sido consultada con nadie, excepto con los propios entes que tienen relación con ella en el sector público y el Ejecutivo, podría darle al Gobierno central un mayor control sobre las telecomunicaciones en el país y, no sólo ello, sino que allí también quedaría integrado todo lo que tiene que ver con las tecnologías de información y comunicación, así como el tema informático.
El tema es grave y más cuando no ha habido consulta del proyecto con el sector privado que es elque promueve gran parte de la actividad en Venezuela ni mucho menos acceso a lo que ella contiene. Lo único que los medios han podido saber y que fue filtrado a través de una ponencia del TSJ que le otorga constitucionalmente carácter orgánico al instrumento, es que habrá un fondo de telecomunicaciones nuevo, que quizás sea también fondeado por las empresas privadas, que el carácter jurídico cambiará y que las inversiones extranjeras se regiran bajo unas nuevas normas.
Además, en el proyecto de Ley, se redacta un capítulo que tiene que ver con la participación de las comunidades en las telecomunicaciones y de cómo estas ejercerán control social y participarán en la regulación de las políticas en ese sentido, así como un tema que tiene referencia con los precios y tarifas, donde quizás, las telefonía móvil perderá su derecho a la no regulación (hoy día Conatel sólo puede sugerir tarifas de acuerdo a estudios internacionales y no obligar a su aplicación) y tendrá que ajustarse como lo ha hecho la telefonía fija residencial, que no sólo tiene una regulación de tarifas, sino que éstas han sido congeladas desde hace casi cinco años.
Antes de emitir más opinión, primero habrá que analizar el proyecto y estudiar lo positivo y negativo, pues aún cuando el tema de tarifas es importante, también es bueno que exista competencia y que la regulación se base en temas profundos que no impacten la calidad de los servicios, pero que tampoco destrocen el bolsillo de los usuarios finales.
Lamentablemente, lo único que se ha podido analizar es eso, pues aún no existe en público un borrador de la Ley para analizarlo, pero en lo que exista el acceso, este blog intentará explicar co mayor detalle lo que beneficia y perjudica al usuario y al empresario, así como al propio Estado.
Si quieres leer la decisión del TSJ, por favor pulsa aquí
04 agosto 2008
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